ANTE DEMORAS EN UNA CAUSA CONTRA MINERA ALUMBRERA, PRO ECO TUCUMAN SOLICITO CELERIDAD.

El integrante de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Sanjuan, pidió que la Policía Federal verifique la personería jurídica de la ONG que tuvo la osadía de reclamar celeridad en una causa contra Minera Alumbrera.

Esa ONG es PRO ECO, asociación ecologista de Tafí Viejo, integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Argentina (UAC), de la Asamblea Socio Ambiental del Noa y de la Red Nacional de Acción Ecologista, RENACE

Myrian Genisans, miembro de la ONG calificó el gesto como un intento de amedrentación. “Parece que Ricardo Sanjuan se olvida que existe el derecho a la información pública y que él, como funcionario, tiene la obligación de otorgarla y divulgarla. Hace más de dos años que queremos saber qué pasa con la apelación a la falta de mérito dispuesta a favor de Julián Rooney (directivo de Minera Alumbrera) y, hasta ahora, no encontramos repuestas ni hay fallo alguno”, señaló al diario Primerafuente.

Las protestas que PRO ECO realizó en febrero junto a otras varias organizaciones locales en Tribunales Federales “apuntaron a recordarle a los camaristas que son trabajadores del Estado y garantes de nuestros derechos por lo que no deben seguir demorando un fallo frente este delito de contaminación”, agregó al mismo diario.

Miriam Genisans es docente de la facultad de Artes de la Universidad Nacional del Tucumán. En las protestas repartieron folletos donde reclamaban celeridad en la causa contra Rooney e informaban sobre el impacto que la minera causa al medio ambiente.

Jamás imaginaron que Ricardo Sanjuan, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones, los acuse de chantaje y extorsión y hasta podría iniciarles una demanda penal. Sanjuan aseguró que el pedido de los ecologistas “responde a oscuros intereses” y solicitó a la Policía Federal que identifique a todos los que participaron de la volanteada.

En esa protesta, PRO ECO, Orejanos, Conciencia Solidaria, Aconquija por la Vida, Asanoa, Movimiento Socialista de los Trabajadores, y vecinos, solicitaban información sobre una causa iniciada en 1999 a raiz de la denuncia del biólogo Juan Antonio González (que es ex director de Medio Ambiente provincial) del Instituto Miguel Lillo. En ella, quedaba involucrado Julián Rooney, directivo de Minera Alumbrera. El punto era el daño ambiental producido en el canal de desagüe DP2, en la ruta provincial 302, de la localidad de Ranchillos, que el investigador había detectado.

En ese desague llega el efluente de una planta de filtrado del concentrado de mineral del yacimiento Bajo La Alumbrera, en Catamarca.

El presunto delito de contaminación en cuestión está previsto y penado en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

En el año 2005, el destituido juez federal Felipe Terán dispuso la falta de mérito a Rooney lo que fue apelado ante la Cámara Federal por el el fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, sin respuestas hasta el momento.

La Cámara tiene que resolver si rechaza la apelación del fiscal a la falta de mérito resuelta por el destituido Terán o bien, continuar la investigación contra Rooney y su posible procesamiento.

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